La Violencia basada en Género (VBG) se define como toda acción que “tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada” (CEDAW, 1993). Tomando en cuenta los Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género (Yogyakarta, 2006) esta definición concierne también a cualquier persona disidente en términos sexo/genéricos.

En México, el confinamiento como medida para mitigar la pandemia ha supuesto un aumento en la VBG, particularmente en la que se da en entorno familiar y es producida por personas cercanas a la víctima. Durante los meses transcurridos desde la declaración de pandemia por COVID 19 se ha reportado un aumento de 1.6% de violencia familiar respecto al mismo periodo en años anteriores y del total de llamadas al 911, el 4.26% ha sido sólo por este tipo de violencia (SESNSSP, 30 de junio de 2020).  La condición para Yucatán es semejante puesto que las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer por cada 100 mujeres supera la media nacional (SESNSSP, 30 de junio de 2020) y se han cometido de enero a junio cuatro feminicidios, tres de ellos en Mérida. 

Jasso López (2019), Paredes Guerrero, Llanes Salazar y Torres Salas (2016)  señalan que para Yucatán no hay suficientes investigaciones que den cuenta de las dimensiones contextuales y estructurales de la violencia, aunque se reconoce que el tema   ha sido relevante a nivel mediático a partir de la movilización de la sociedad civil y, en cuanto a la violencia feminicida, Jasso López  (2019) observa que las acciones del gobierno no se han articulado de forma adecuada o han sido tardías con respecto al resto del país. Conforme a este contexto, nos proponemos recuperar los procesos de gestión tendientes a la adaptación de estrategias para atender la VBG durante la pandemia, en los que participan el gobierno y la sociedad civil, particularmente los servicios de atención psicológica, asesoría jurídica y canalización a refugios.