El 14 de marzo de 2020 en el contexto de la pandemia por COVID-19 decretada desde la OMS, la SEP anunció la suspensión de clases presenciales en todo el país. En Yucatán, la SEGEY se apegó a dicha iniciativa, cancelando todos los cursos presenciales en todos los niveles a partir del 17 de marzo.  Con lo anterior iniciaron una serie de medidas que restringirían paulatinamente la movilidad ciudadana en el estado.

El gobierno de Yucatán decretó en el Diario Oficial el 24 de abril entre otras medidas:

Una persona por vehículo particular y dos por motivo médico; taxis y servicios de transporte plataforma solo un pasajero y hasta 2, si requiere atención médica; implementación de operativos y retenes para reducir la movilidad social y verificación del cumplimiento; cierre de calles y avenidas; cierre hasta nuevo aviso de comercios y empresas de todos los giros con excepción de los esenciales.

A partir del 10 de abril se decretó Ley Seca que se prolongó hasta el 1 de junio. El 16 de junio el gobierno cambió el semáforo naranja para comenzar la reactivación comercial por olas. Luego de un incremento de contagios, a partir del 14 de julio se vuelve a implementar la ley seca y otras restricciones como el toque de queda con horario de las 22:30 a 5:00 horas del día subsecuente, cuestión por demás evidente en cuanto a sus efectos restrictivos a la movilidad en la ciudad de Mérida. 

El problema de movilidad en Yucatán no es consecuencia únicamente derivado a las medidas por el COVID-19, sino asunto que aqueja a la ciudadanía desde larga data debido a problemas en el funcionamiento del sistema de transporte público.